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Por
Mario Salomón
Consejo de Asociaciones e Inspecciones de Cauces del Río Mendoza
04-01-06 | Los Andes | Opinión
LEJOS DEL INTERÉS COMÚN
Y CERCA DEL INDIVIDUALISMO
EN EL USO DEL AGUA
Hay
sectores que proponen modificar un concepto histórico en el manejo del agua en
Mendoza: la inherencia a la tierra. Se pretende implementar otro que genere una
suerte de “mercado del agua”, individualista y que ha fracasado en los lugares
del mundo donde se utilizó. Por Mario Salomón - Consejo de Asociaciones e
Inspecciones de Cauces del Río Mendoza
En estos días observamos un desgastante debate entre aquellos que sostienen que
para lograr el desarrollo territorial de Mendoza, es necesario modificar
principios básicos en el uso del agua en la provincia y otros que sostienen que
para ello no resulta necesario cambiar dichas premisas que dieron lugar a este
contrato social, enmarcado en la Constitución provincial del siglo pasado.
Nos estamos refiriendo a la inherencia del agua a la tierra,
a la garantía perpetua de las concesiones otorgadas, al otorgamiento de derechos
de agua por la Legislatura provincial, a la entrega de caudales a cada usuario
en base a las categorías de derechos, a la distribución y oportunidad de uso en
base al balance hídrico del río y al manejo descentralizado de este vital
recurso a través de las propias organizaciones de usuarios que nuestra
Constitución, Ley de Aguas de 1884, Ley 322 de 1905 y Ley 6.405 de 1996
convalidaron como modelo genuino de administración.
Ya en 1994, en el Proyecto de Ordenamiento Territorial para
la Provincia de Mendoza, presentado a la Legislatura y publicado como “Mendoza
en el 2000”, las organizaciones de usuarios junto al Departamento General de
Irrigación advertíamos y concluíamos en el capítulo 12 “El manejo del agua de
riego en la provincia de Mendoza” (págs. 97-103), que:
1) En el ordenamiento del territorio será vital considerar
los aspectos técnicos, administrativos y económicos resultantes del
aprovechamiento de los escasos y limitados recursos hídricos.
2) En la determinación de los usos del suelo, deberá
considerarse el valor estratégico del agua no sólo como factor de localización
para la población, sino como un factor básico e irremplazable de producción.
3) Deberá involucrarse a todos los actores sociales que
tengan que ver con el uso del recurso hídrico. La participación de los mismos,
tanto en los beneficios como en el aporte para externalidades derivadas del
sistema de aprovechamiento de agua, resultará imprescindible para la
subsistencia y desarrollo del sistema.
4) En el Ordenamiento del Gran Mendoza, deberá considerarse
toda la cuenca del río Mendoza como área marco de referencia, tanto para la
planificación como para la gestión.
5) La complejidad del sistema requerirá cada vez mayor
participación e intervención del Departamento General de Irrigación en todos los
asuntos hídricos, dado su carácter de organismo provincial de aguas con rango
constitucional, como así también de las organizaciones de usuarios de aguas
agrupados en las inspecciones de cauces.
Habiendo pasado más de 10 años de este pronunciamiento
público, vemos con preocupación que se intenta soslayar estos principios con
proyectos y emprendimientos que buscan solucionar intereses sectoriales, sin
considerar que la administración del agua es por naturaleza colectiva, habiendo
fracasado a la fecha en distintos lugares del mundo los modelos individualistas
“al mejor postor” que fomentan los mercados del agua.
Por ello insistimos que se desmoronarán sistemáticamente
todos los intentos que “quieran entrar por la ventana” y que no tengan en cuenta
nuestro propio estilo de desarrollo y nuestra idiosincrasia, ligados al manejo
democrático y descentralizado del agua, pese al poder político y económico de
algunos sectores.
No obstante, creemos que será fundamental seguir
planteándonos qué modelo de desarrollo económico-productivo deseamos para
nuestra provincia y la necesaria modernización de determinados instrumentos en
la administración hídrica, de la que debemos continuar participando y
trabajando.
Para ello, invitamos al Gobierno, a la Legislatura y a todas
las organizaciones y sectores que defienden los principios enunciados a elaborar
una propuesta conjunta de trabajo, basada en el desarrollo territorial
estratégico y participativo adaptado a nuestra región árida, que pueda
implementarse en forma consensuada y respete el interés común.
Nos esperan la Ley de Uso del Suelo, el desarrollo del
perilago Potrerillos, las obras complementarias de la presa Potrerillos, la
mayor eficiencia en el uso del agua, el uso sostenible del pedemonte y la
protección de áreas agrícolas.
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